Este martes se confirmó la salida de Ariadna Montiel Reyes de la Secretaría de Bienestar y su segura llegada a la dirigencia nacional de Morena el próximo domingo 3 de mayo, cuando está convocada la sesión extraordinaria del Consejo General del partido.
Ya a mitad de abril, Citlalli Hernández Mora había renunciado a la Secretaría de la Mujer para integrarse como presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena.
De profesión arquitecta y con una larga trayectoria partidista en el PRD y luego en Morena, Ariadna Montiel mantuvo como secretaria de Bienestar un perfil bajo en una dependencia muy presidenciable. El poder con el contó la hizo que sondeara la posibilidad de buscar ser candidata de Morena para jefa de Gobierno de la CDMX, aunque finalmente decidió no moverse.
Consciente de sus circunstancias y oportunidades, y más probablemente a petición de López Obrador, se mantuvo en el cargo, lo que fue un acierto, pues su trabajo al frente de los programas sociales fue clave para la victoria arrolladora de Morena en las elecciones del 2024. Su ratificación por Sheinbaum fue un premio a esa operación clientelar que funcionó más allá de las expectativas.
Ahora, la ya probada y acreditada operadora electoral llega a tomar la presidencia nacional de Morena, un cargo que le quedó grande a Luisa María Alcalde -como las secretarías del Trabajo y Gobernación-, y a quien ya se fue de las manos la interlocución con sus aliados Partido Verde y PT.
Como avanzada a Montiel, Citlalli Hernández ya tuvo los respectivos acercamientos, y acordaron para el próximo martes la primera sesión de trabajo formal de la mesa para conformar la alianza para el 2027, ya con Montiel de lideresa del partido.
En la Secretaría del Bienestar queda otra operadora, Leticia Ramírez Amaya, secretaria de Educación Pública en el sexenio pasado y, en lo que iba de este sexenio, coordinadora general de Asuntos Intergubernamentales y Participación Social. La profesora deberá mejorar y mantener aceitada la principal estructura electoral de la 4T.
En cuanto a Andy López Beltrán, todo indica que se mantiene como secretario de Organización hasta después de los comicios locales de Coahuila el próximo 7 de junio donde, independientemente del resultado, saltará a buscar una candidatura a diputado, lo mismo se espera de Luisa María Alcalde, a quien se le siguen dando oportunidades.
A la Secretaría de Finanzas de Morena, el otro cargo partidista que se definirá este domingo, llegará Oscar del Cueto García, titular de la Unidad Interinstitucional de la Secretaría del Bienestar, lo cual habla de la confianza y respaldo a Montiel.
Si en 2027 los resultados electorales le vuelven a sonreír a Morena -mayoría absoluta en el Congreso, alguna gubernatura más a la cuenta-, Ariadna Montiel podría volver a voltear a ver la candidatura para la Jefatura de Gobierno de la CDMX en 2030.
Chihuahua: la traición como consigna
Hay conceptos que atentan más allá de la reputación de las personas, que impactan sobre su identidad y lo segregan de la sociedad: “Traición a la Patria” es uno de ellos. Es la acusación más grave que un Estado puede hacer contra uno de los suyos.
Con una gran ligereza los senadores de Morena utilizaron este término para referirse a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, convirtiendo un debate jurídico en uno político de alto voltaje. El detonante –la presunta colaboración de autoridades estatales con agentes estadounidenses sin autorización federal– es una conducta que puede ser grave, incluso ilegal.
Pero entre una posible violación a la normatividad en materia de seguridad y la traición a la patria hay una distancia que no se salva con declaraciones vacuas.
En nuestro país, de acuerdo al Código Penal, la traición a la patria no es un concepto abierto ni flexible. Exige supuestos extremos: actos deliberados contra la soberanía, apoyo a un enemigo extranjero, o conductas que busquen someter al país a intereses extranjeros.
No basta con una mala decisión o una omisión grave. Se requiere intención dirigida a afectar la independencia o integridad del Estado mexicano. Es un estándar alto porque el delito está diseñado para ser excepcional. Y por lo mismo en la práctica moderna, casi no se utiliza.
México ya ha vivido momentos en los que la acusación de traición se convirtió en herramienta política. En 1968, el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz invocó amenazas externas para justificar la represión del movimiento estudiantil, utilizando figuras penales de máxima gravedad para contener una crisis interna.
En los años 70, durante la llamada guerra sucia, el Estado volvió a ampliar el alcance de estos delitos para perseguir a grupos guerrilleros, mezclando seguridad nacional con control político. En ambos casos, la figura funcionó más como un instrumento de poder que como una categoría jurídica aplicada con rigor. No se trataba solo de sancionar conductas, sino de eliminar enemigos.
Con la transición democrática, ese uso se tornó inviable hasta prácticamente extinguirse. La Cuarta Transformación lo volvió a traer a la vida cuando el expresidente, Andrés Manuel López Obrador lo utilizó para denostar a los legisladores de la oposición que se negaron a aprobar la reforma eléctrica, o los legisladores de Morena tras las declaraciones de su colega Lilly Téllez en la lucha contra los carteles del narcotráfico.
A la luz de los acontecimientos, lo ocurrido en Chihuahua encaja más en ese patrón contemporáneo que en uno jurídico. Si se confirma que las autoridades estatales colaboraron con agentes extranjeros sin seguir los canales institucionales, estaríamos ante un problema serio: una posible violación a la Ley de Seguridad Nacional, fallas de coordinación con el gobierno federal e incluso responsabilidades administrativas o penales. Pero ninguna de esas rutas configura el delito de traición a la patria.
En cualquier caso, queda sobre la mesa la tensión estructural del Estado mexicano: los límites de cooperación internacional en materia de seguridad y el papel de los gobiernos estatales frente a actores extranjeros. México ha tenido, durante décadas, esquemas complejos –y muchas veces opacos– de colaboración con agencias estadounidenses en el combate al narcotráfico. La diferencia es que estos mecanismos, al menos en teoría, pasan por el gobierno federal: cuando un estado parece actuar por su cuenta, el problema no es solo legal, sino político. Se desdibuja la conducción nacional de la política de seguridad.
La acusación más que anticipar un proceso judicial que difícilmente prosperaría, sirve para elevar el costo político del adversario. En un contexto donde las tensiones entre la federación y los estados se cruzan con calendarios electorales –y donde Chihuahua no es ajeno a esa lógica– el lenguaje se radicaliza. Llamar “traición” a un conflicto de coordinación institucional aclara muy poco, pero sí lo vuelve más potente en términos mediáticos. Simplifica el relato: ya no hay matices, hay culpables.
El costo es alto: se banaliza un delito que, por su naturaleza, debería estar reservado para circunstancias verdaderamente excepcionales y, peor aún, se erosiona la frontera entre derecho y política.
Chihuahua exhibe algo muy profundo: la facilidad con la que el lenguaje jurídico puede ser absorbido por la lógica electoral. Ahí lo que se pierde no es solo precisión sino credibilidad. Hay que tener cuidado con lo que se afirma y cómo se afirma, los conceptos pierden su significado cuando se repiten hasta vaciarse.
Empresas family friendly: ¿beneficio o estrategia?
En México, el Día del Niño sigue siendo, para muchas empresas, una fecha invisible. El dato de OCC, la bolsa de trabajo en línea, es contundente: 69% de los trabajadores afirma que en su organización no se realiza ninguna acción para conmemorarlo. Sin embargo, el sondeo revela una aparente contradicción: 7 de cada 10 colaboradores perciben que el home office ha mejorado su balance entre vida laboral y familiar.
¿Qué nos dice esto? Que las empresas no están desconectadas del todo de la dimensión personal de su talento, pero sí están dejando esa responsabilidad en manos de los propios esquemas de trabajo, en lugar de asumirla como parte de su cultura organizacional.
El concepto de empresas family friendly suele reducirse, erróneamente, a gestos simbólicos o a beneficios aislados. Pero el fondo es mucho más profundo: se trata de reconocer que las personas no “pausan” su vida familiar al entrar a trabajar. En un país donde, de acuerdo con el INEGI, más de 18 millones de personas económicamente activas son madres o padres, ignorar esta realidad no solo es un desfase cultural, sino una mala decisión de negocio. Las organizaciones que entienden esto habilitan esquemas flexibles y construyen entornos donde la vida personal no es un obstáculo, sino una dimensión legítima del bienestar y la productividad.
La baja adopción de iniciativas en torno a fechas como el Día del Niño revela una oportunidad desaprovechada. No se trata de organizar festivales o enviar regalos por cumplir, sino de lo que esos gestos representan: cercanía, empatía y reconocimiento. En un entorno laboral donde la atracción y retención de talento son desafíos críticos, estos elementos se vuelven diferenciadores. La flexibilidad, como lo muestra el avance del home office, ya está marcando el camino; pero sin una cultura que la respalde, corre el riesgo de convertirse en un beneficio operativo, no en una ventaja estratégica.
El mensaje para las empresas en México es claro: el futuro del trabajo pasa por la humanización; integrar la dimensión familiar en la experiencia laboral no es una concesión, es una inversión en compromiso, lealtad y sostenibilidad organizacional. El Día del Niño, más que una fecha en el calendario, es un recordatorio de que detrás de cada colaborador hay una historia, una familia y una vida que también necesita espacio. Las empresas que logren entenderlo no solo serán mejores lugares para trabajar, sino también más competitivas en el largo plazo.
Sigue el Canal de Mundo Ejecutivo en WhatsApp
