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Bajo la narrativa oficial de proteger la industria nacional, revitalizar los maltrechos centros de manufactura y corregir los desequilibrios históricos de la balanza comercial, la administración de Donald Trump ha hecho de los aranceles a la importación el pilar fundamental de su política económica.
Sin embargo, la persistente e intensa inconformidad de una gran parte de los estados de la Unión Americana, que recientemente se ha traducido en batallas legales de gran calado impulsadas por coaliciones de más de veinte estados, revela una realidad mucho más compleja.
La verdadera razón de este descontento generalizado no responde a una simple disputa partidista, sino al reconocimiento de que estos impuestos están diseñados desde Washington, pero los pagan, sufren y absorben las economías locales de los estados.
Para entender el malestar de los gobiernos estatales es necesario desmitificar quién carga realmente con el costo de estas medidas. En la teoría pregonada por la Casa Blanca, el arancel funciona como un castigo financiero para los países extranjeros y las corporaciones foráneas que compiten de manera desleal.
No obstante, la evidencia económica acumulada demuestra con crudeza que los aranceles son, en la práctica, impuestos directos al consumo. Al encarecerse la entrada de mercancías, materias primas y bienes intermedios, son los importadores, las empresas locales y, en última instancia, las familias estadounidenses quienes absorben el incremento en las listas de precios.
Aquí radica el núcleo de la inconformidad estatal: los gobernadores y procuradores ven cómo sus propias arcas y los bolsillos de sus contribuyentes se debilitan. Los estados no son entes abstractos; compran suministros para la infraestructura pública, operan hospitales, mantienen redes de transporte y dependen de la vitalidad del comercio interno.
Cuando una medida federal eleva de manera artificial el costo de insumos básicos, desde componentes tecnológicos hasta materiales de construcción, los presupuestos estatales se contraen de inmediato. Se trata de una transferencia silenciosa de recursos desde los estados hacia el Tesoro Federal, disfrazada de nacionalismo económico.
Además, los aranceles masivos ignoran la profunda integración de las cadenas de suministro globales. Los estados con vocación manufacturera o agrícola dependen tanto de importar partes para ensamblar productos finales como de exportar sus propios excedentes al mundo.
Una política de aranceles indiscriminados invariablemente provoca represalias comerciales por parte de los socios afectados, asfixiando a sectores enteros que de repente se quedan sin mercados extranjeros o con insumos prohibitivamente caros.
La reciente ofensiva legal emprendida por diversos estados en los tribunales de comercio internacional expone una profunda crisis constitucional y federalista. No es únicamente el rechazo a un mecanismo impositivo en particular, sino la defensa de las economías regionales frente a una política centralizada que avasalla el equilibrio financiero local. Los estados están diciéndole a Washington que la retórica de la soberanía comercial no puede sostenerse sobre las ruinas de la competitividad interna.
En definitiva, la inconformidad de la mayoría de los estados norteamericanos ante los impuestos a la importación no nace del capricho político, sino de la urgente necesidad de supervivencia económica. Mientras la Casa Blanca persigue metas macroeconómicas abstractas mediante decretos punitivos, los estados lidian con la inflación cotidiana, el encarecimiento de la vida y el freno a sus inversiones. Hasta que el gobierno federal comprenda que el proteccionismo a martillazos debilita los cimientos de sus propias regiones, la tensión entre el poder central y los estados seguirá marcando el pulso más frágil de la economía estadounidense.
¿Se necesita una Policía Metropolitana?
La madrugada de este martes, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGR, y de la policía capitalina, detuvieron a un individuo que transportaba 217 kilos de cocaína ocultos en una camioneta de carga. El aseguramiento fue en la carretera México–Cuernavaca, arribando a la capital, en la alcaldía Tlalpan ¿Proveniente de la capital morelense o más bien de Acapulco?
Apenas el lunes, Clara Brugada propuso la creación de una Policía Metropolitana entre Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo y Morelos. Lo anterior lo planteó en la primera sesión ordinaria 2026 del Consejo de Desarrollo Metropolitano del Valle de México, en la cual se aprobó la integración a la Zona Metropolitana (ZMVM) del municipio morelense de Huitzilac, y de siete municipios de Hidalgo, que se suman a Tizayuca. Con ello se llega a 84 demarcaciones, entre municipios y alcaldías.
El crecimiento urbano desordenado y la falta de planeación integral son las principales causas de los problemas que aquejan a la ZMVM como son el transporte ineficiente e insuficiente, la mala distribución del agua, conectividad deficiente, infraestructura insegura y, por supuesto, la inseguridad pública y la delincuencia organizada.
En estos últimos dos rubros la situación es grave y el aseguramiento de droga en Tlalpan es apenas un ejemplo de ello: en la ZMVM operan numerosos grupos delictivos y organizaciones criminales, algunos de ellos con presencia en las cuatro entidades del Valle de México con negocios ilícitos diversos, y otros grupos muy locales y arraigados, con actividades muy focalizadas, como las de robo de combustible en Hidalgo, o la tala clandestina en Huitzilac. Estos grupos y organizaciones aprovechan las diferencias de competencias territoriales entre estados y municipios para cometer y continuar sus delitos, aunado a la indolencia de las autoridades siempre rebasadas y dispuestas a dejarle la responsabilidad al otro.
La propuesta de la Policía Metropolitana de la jefa de Gobierno no es mala, pero hay que crear condiciones para ello. Las diferencias abismales entre la policía de la CDMX y las estatales, con las municipales, en capacitación, equipamiento, número de elementos, salarios y prestaciones, más los cambios de administración y niveles de corrupción, complican la formación de una nueva institución policial en la cual habría una participación en condiciones de inequidad, pues estados y municipios tendrían que destinar recursos a una nueva fuerza policial, descobijando a sus propias policías.
Sin duda en cualquier zona metropolitana hay que buscar soluciones comunes para atender problemas comunes, pero estos últimos no siempre son los únicos que enfrenta un estado o municipio, y no todos cuentan con los mismos recursos para ello. Esto no quiere decir que se descarte crear una Policía Metropolitana, pero podría comenzarse por otras medidas de colaboración y coordinación entre policías capitalina, estatales y municipales, así como con las fiscalías locales, para la prevención y atención de delitos, por ejemplo, en casos de persecuciones de delincuentes que puedan continuarse sin que lo impidan límites entre entidades o municipios. En el caso del combate a grupos delictivos y organizaciones criminales, se ha visto ya la operación coordinada entre autoridades federales y estatales, como las operaciones Enjambre en el Estado de México o en Morelos.
Ajustando y reforzando esos mecanismos de colaboración y coordinación, podría evaluarse la conveniencia y los alcances de una Policía Metropolitana.
Canal Once: la recuperación pendiente
Después de 73 días de ocupación, Canal Once recuperó finalmente sus instalaciones. Los estudios volvieron a manos de sus trabajadores y la programación regresará paulatinamente a la normalidad. Sin embargo, el conflicto estudiantil que dio origen a la toma dista mucho de haber terminado. A la distancia, hay una recuperación más importante que sigue pendiente y que no depende de llaves, candados o edificios.
La protesta de estudiantes del Instituto Politécnico Nacional tuvo causas concretas: reclamos por la falta de transparencia, cuestionamientos al manejo de recursos, exigencias de mejores condiciones académicas, denuncias sobre la forma en que se gobierna el Instituto y demandas de mayor participación de la comunidad en las decisiones que afectan su futuro. La toma de Canal Once fue el vehículo para visibilizar esas inconformidades, aunque la televisora no tenía capacidad para resolverlas.
La elección del canal no fue casual. Durante décadas, Canal Once fue reconocido como el gran referente de la televisión pública mexicana: un espacio dedicado a la educación, la ciencia, la cultura y el pensamiento crítico, cuya mayor fortaleza era servir a la sociedad antes que al gobierno. Esa identidad le otorgaba una autoridad moral que trascendía cualquier administración.
Hoy esa percepción parece haberse debilitado. Para un sector de la sociedad, Canal Once ha dejado de ser un medio público para convertirse también en un vehículo de comunicación del gobierno en turno. Se podrá discutir si esa percepción es justa o exagerada, pero basta con que exista para modificar la manera en que la institución es vista y utilizada. Quizá por eso los estudiantes pensaron que ocupar sus instalaciones tendría un impacto político mucho mayor que cerrar una oficina administrativa del IPN.
La paradoja está a la vista. Este fin de semana se recuperó el edificio, pero eso no significa que se haya recuperado plenamente la vocación con la que Canal Once fue creado. Las cámaras pueden volver a encenderse, los estudios reanudar sus grabaciones y la programación regresar a su horario habitual. Lo que resulta más difícil es restituir la convicción de que se trata de un medio público que pertenece por igual a todos los mexicanos y no de una institución identificada con el poder político del momento.
Las emisoras públicas no solo administran recursos o producen contenidos; administran confianza. Esa confianza se construye durante años y puede deteriorarse lentamente cuando la ciudadanía deja de percibir independencia, pluralidad y autonomía editorial. Recuperar un inmueble puede tomar unas horas. Recuperar la reputación exige mucho más: requiere volver a demostrar todos los días que el compromiso principal es con el interés público y no con el gobierno en turno.
Esa recuperación es la que realmente importa. Si un medio público deja de ser percibido como un espacio de todos, no solo pierde credibilidad; pierde la razón misma para la que fue creado.
Agosto, un momento clave para revisar la salud crediticia
El segundo semestre del año suele traer consigo gastos adicionales: vacaciones, regreso a clases, promociones de temporada y el cierre del ejercicio. En este contexto, detenerse a revisar la salud financiera es tan necesario como acudir al médico para un chequeo de rutina. Un check up financiero permite evaluar si las metas económicas siguen siendo alcanzables, si el nivel de endeudamiento es saludable y si aún existe capacidad de ahorro.
Círculo de Crédito, especialista en análisis de información crediticia de personas y empresas, ha destacado que el cumplimiento en tiempo y forma no se limita a evitar multas, sino que envía una señal clara de orden, disciplina y confiabilidad al sistema financiero. En la era de la información, lo fiscal y lo crediticio ya no viven en mundos separados, y variables como el score crediticio comienzan a reflejar también este tipo de comportamiento.
Los datos respaldan esta visión: el 90% de los registros que administra Círculo de Crédito contiene información positiva, y la plataforma registra más de 14 millones de consultas mensuales a su Reporte de Crédito Especial (Mi RCE).
Esto refleja un creciente interés de los usuarios por conocer su situación financiera y prevenir problemas antes de que aparezcan. Revisar periódicamente el historial crediticio ayuda a detectar inconsistencias, prevenir fraudes y conservar mejores oportunidades de acceso al financiamiento.
La segunda mitad del año es el momento ideal para corregir el rumbo financiero. Pequeños ajustes —pagar puntualmente, evitar deudas excesivas, usar responsablemente las líneas de crédito y destinar ingresos al ahorro— pueden traducirse en una mejor salud financiera al cierre del año y en mayores posibilidades de acceder a productos con condiciones más competitivas. Agosto no solo marca la mitad del calendario: es también un recordatorio de que cuidar nuestras finanzas es tan vital como cuidar nuestra salud.
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