La política mexicana aborrece el vacío, y lo llena siempre, a veces al doble… pero teme aún más la duplicidad del mando.
En los pasillos de Palacio Nacional, donde las paredes coloniales suelen amplificar los susurros antes de convertirlos en decretos, se vive hoy la crisis de la bicefalia. La defensa a ultranza del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, no es solo un dilema de control de daños ante el escándalo criminal de la captura de Ismael, el “Mayo” Zambada; es el tablero subterráneo donde se mide la verdadera naturaleza de la transición entre Andrés Manuel López Obrador y la presidenta Claudia Sheinbaum.
Para López Obrador, blindar a Rocha Moya es un acto de supervivencia narrativa. Reconocer que la estructura estatal sinaloense claudicó (léase: o pactó) con las facciones del narcotráfico significaría admitir el colapso de su estrategia de “abrazos, no balazos” en su epicentro más simbólico. Por ello, el tabasqueño opera con su lógica habitual: el repliegue ideológico, la acusación de complot extranjero y la lealtad ciega por encima de la evidencia.
Sin embargo, para Sheinbaum, este lastre heredar botes de humo ajenos representa un peligro sistémico. Mientras su futuro gabinete económico intenta calmar las aguas con inversionistas internacionales y la diplomacia de Washington exige respuestas claras, la presidenta se ve obligada a escenificar una solidaridad que, en privado, debe resultarle profundamente costosa. Cada fotografía junto a Rocha Moya es un pagaré que Claudia firma con cargo a su propio capital político inicial.
La tensión no radica en una ruptura abierta, un error táctico que Sheinbaum jamás cometería, sino en la asfixia del espacio de maniobra. Mientras López Obrador exige sumisión absoluta a la liturgia del movimiento, la realidad del gobierno entrante demanda pragmatismo e institucionalidad.
Defender a Sinaloa es defender el pasado inmediato; gobernar requerirá certidumbre. La pregunta no es si Claudia romperá con su mentor, sino cuánto de su propia legitimidad está dispuesta a desgastar antes de que el calendario le otorgue, por fin, el derecho a decidir por sí misma.
El ganado que vuelve a cruzar al “otro” lado
Después de 15 meses de cierre, el ganado mexicano vuelve a tener una puerta de entrada al mercado estadounidense, una buena noticia a secas, porque la reapertura aún está muy lejos de significar un regreso a la normalidad.
El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) decidió reabrir el cruce de Douglas, Arizona, frente a Agua Prieta, Sonora, y lo hace bajo un esquema gradual que comenzará con apenas 750 cabezas de ganado al día, llegará a 900 en la segunda semana y posteriormente podrá alcanzar 1 300.
Santa Teresa y Columbus, en Nuevo México, serían los siguientes puntos, pero su reapertura dependerá de los resultados de esta primera etapa. El resto de los cruces permanece cerrado.
El cierre comenzó en mayo de 2025, después de que Estados Unidos suspendiera nuevamente las importaciones de ganado mexicano por la propagación del gusano barrenador. El impacto económico ha sido considerable.
Antes de las restricciones, México enviaba alrededor de 1.2 millones de cabezas de ganado al año a Estados Unidos, principalmente desde los estados del norte. Al desaparecer ese mercado, los productores tuvieron que colocar sus animales en México, donde llegaron a venderlos a precios casi 40% menores que los obtenidos.
Algunas estimaciones sitúan las pérdidas del sector mexicano en 550 millones de dólares, mientras que otras, que incorporan un periodo y efectos más amplios, las elevan hasta 1 800 millones de dólares.
El problema, sin embargo, no ha terminado. El gusano barrenador tampoco. La plaga, detectada nuevamente en México en noviembre de 2024, se ha extendido ya a 30 de los 32 estados de la República Mexicana y actualmente se reportan alrededor de 1 969 casos activos. Paradójicamente, el miércoles pasado Sonora confirmó su primer caso, eso sí, a cientos de kilómetros de Douglas, pero es una muestra clara de que el riesgo sanitario sigue latente.
De ahí que Estados Unidos haya optado por una reapertura que se parece más a una prueba que a un levantamiento de restricciones. Cada animal será sometido a una inspección federal para descartar signos del gusano barrenador y tendrá que cumplir con requisitos de identificación, trazabilidad y certificación sanitaria. El USDA considera que Sonora y Chihuahua tienen una infraestructura de control animal particularmente sólida y que, por ahora, existe una distancia que permite abrir un primer puesto de vigilancia.
No todo el ganado mexicano podrá cruzar automáticamente. La reapertura está diseñada para las zonas consideradas de menor riesgo y estará condicionada al cumplimiento de los protocolos establecidos por ambos países. Sonora y Chihuahua son, por ahora, los estados con mejores condiciones para recuperar el mercado del vecino país.
Para el resto, donde se concentra buena parte de los casos de la plaga, la reapertura no significa que sus animales tengan vía libre hacia Estados Unidos. El éxito de Douglas será el que determine si el proceso avanza hacia Nuevo México o se vuelve a poner freno.
La administración del presidente Donald Trump consideró que puede sustituir el cierre total por controles más estrictos. Douglas es hoy el laboratorio. Si funciona, podrían abrirse otros puestos fronterizos y recuperarse gradualmente un mercado que anualmente superaba el millón de cabezas. El ganado vuelve a cruzar al “otro” lado, pero la crisis sanitaria aún no termina.
No es lo mismo resistencia que resiliencia
Entre el año 2000 y el 2024, el impacto económico de los desastres en México se estima en más de 710 mil millones de pesos, de acuerdo a estadísticas del Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), destacando tres años: 2010, con 92,372 millones de pesos principalmente por el huracán Alex que azotó Tamaulipas y Nuevo León, además de un sismo en Mexicali; 2017, con los sismos de septiembre, con un acumulado de 88,440 millones de pesos; y 2023, destacando el huracán Otis que afectó Acapulco, que concentró la mayor parte de los 89,910 millones de pesos de ese año.
Para dar una idea de lo que representan estas cifras, solo con los casi 90 millones de pesos del 2023, el CENAPRED podría operar por mil años, de acuerdo a su director general, Enrique Guevara, quien habló de infraestructura resiliente con sus colegas del Colegio de Ingenieros Civiles de México.
“Una obra resistente, no necesariamente es resiliente”, explicó el director general del CENAPRED, quien aclaró que la resistencia se refiere a soportar las acciones previstas y evitar el colapso, mientras la resiliencia incorpora una visión más amplia, pues es la capacidad de un sistema o una comunidad para resistir, absorber, adaptarse y recuperarse; implica, desde antes de fenómeno, llevar a cabo acciones para adaptarse a las condiciones a donde está expuesta la infraestructura y las comunidades; recuperarse lo más pronto posible en la continuidad de operaciones, de negocios, de gobierno; de absorber, adaptarse y ver cómo se puede recuperar recuperar. Es decir, una obra puede resistir, pero todo el sistema de su entorno estar colapsado.
Es por ello que hablar de infraestructura resiliente implica ir más allá de la resistencia estructural y de obras seguras, es también contar sistemas capaces de conservar funciones esenciales, adaptarse y recuperarse oportunamente. Esto exige anticipar el riesgo antes de decidir, exige conservar capacidades mediante la inspección y mantenimiento, y adaptar la infraestructura frente a condiciones cambiantes.
Enrique Guevara hizo hincapié en que la resiliencia se decide durante todo el ciclo de vida de la infraestructura, pues comienza desde la planeación y localización; continúa con la evaluación de las amenazas y vulnerabilidades; invertir, diseñar, construir y supervisar; operar y mantener; reforzar y adaptar. “No construyamos los desastres del futuro, podemos evitarlo”, sentenció.
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