Por: Gladyz Butanda Macías
Las ciudades no son neutras, y mucho menos lo es la forma en que nos movemos en ellas. Durante años, la planeación urbana ignoró una realidad evidente: no todas las personas experimentan la ciudad de la misma manera. En particular, para millones de mujeres, desplazarse no es solo una necesidad cotidiana, sino también un ejercicio constante de evaluación de riesgos.
Hablar de movilidad sin incorporar la perspectiva de género es perpetuar un modelo incompleto. Mientras las políticas públicas se enfocaron en reducir tiempos de traslado o mejorar la infraestructura vial, dejaron de lado un factor clave: la seguridad. Para muchas mujeres, decidir cómo moverse implica preguntarse qué ruta es más segura, a qué hora conviene salir o incluso si vale la pena hacer ese trayecto.
La violencia y el acoso en el transporte público y en el espacio urbano no son hechos aislados; son una constante que condiciona la libertad. Esta realidad impacta directamente en el acceso a oportunidades. Limita la posibilidad de estudiar, trabajar o simplemente habitar la ciudad con plenitud. En ese sentido, la movilidad se convierte en un reflejo claro de la desigualdad.
Pero el problema va más allá de la seguridad. Las mujeres suelen tener patrones de movilidad distintos, marcados por trayectos múltiples y responsabilidades de cuidado. A diferencia del modelo tradicional —pensado para traslados lineales de casa al trabajo—, ellas realizan recorridos más complejos: llevar a hijos a la escuela, hacer compras, cuidar a familiares y trabajar. Sin embargo, la infraestructura no ha sido diseñada para responder a estas dinámicas.
Corregir esto implica cambiar la forma en que entendemos la movilidad. No se trata solo de mover personas de un punto a otro, sino de garantizar condiciones dignas, seguras y accesibles para todas. Incorporar la perspectiva de género en la planeación urbana no es una tendencia, es una necesidad urgente.
En Michoacán, este enfoque ha comenzado a traducirse en acciones concretas. La Estrategia Estatal de Movilidad y Seguridad Vial reconoce que la experiencia de la ciudad es distinta según el género, y que esa diferencia debe ser el punto de partida para diseñar soluciones más justas. No basta con construir infraestructura; es necesario pensar en quién la usa, cómo la usa y en qué condiciones.
Proyectos como los teleféricos urbanos en Uruapan y Morelia no solo representan una alternativa eficiente de transporte, también contribuyen a transformar el entorno. La integración de estaciones como espacios vivos, con actividad constante, mejora la percepción de seguridad y genera entornos más habitables. Para muchas mujeres, esto puede significar la diferencia entre usar o no un sistema de transporte.
El reto es profundo. Implica cuestionar modelos que durante décadas se dieron por sentados y reconocer que la desigualdad también se construye en el espacio público. Incorporar la perspectiva de género no es un añadido, es una condición para construir ciudades más equitativas.
Porque al final, la movilidad no debería ser un privilegio ni un riesgo. Debería ser un derecho ejercido en libertad. Y garantizar que las mujeres puedan moverse sin miedo es, sin duda, uno de los indicadores más claros de que estamos construyendo ciudades más justas.
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