Durante años Alejandro Moreno y Layda Sansores han protagonizado una de las guerras políticas más personales de México. Ella convirtió al dirigente priista en uno de los blancos permanentes de su gobierno; él respondió acusándola de utilizar las instituciones de Campeche para perseguirlo.
La disputa parecía, por momentos, más una historia de agravios personales que un proceso judicial. Pero esta semana ocurrió algo que puede cambiar la naturaleza de este enfrentamiento: dos hombres cercanos a “Alito” fueron detenidos en menos de 48 horas y las investigaciones empiezan a tocar no sólo a antiguos funcionarios de su gobierno sino al entorno empresarial de su hermano Emigdio.
El lunes fue detenido Luis Antonio Espinosa Campos, contador y representante legal de empresas relacionadas con Emigdio Moreno. Un día después, cayó Carlos Alberto Medina Hernández, quien fue director de Comunicación Social durante la gubernatura de “Alito”.
Ambos son investigados por presuntas operaciones irregulares relacionadas con Mayavisión, televisora que recibió alrededor de 97 millones de pesos durante su administración. La Fiscalía Anticorrupción de Campeche investiga el supuesto desvío de recursos mediante empresas que habrían facturado operaciones simuladas.
Ahí está la bomba de tiempo. Layda Sansores lleva años detrás de Moreno. Desde 2022 ha exigido que se investigue su patrimonio y ha presionado para que enfrente públicamente las acusaciones. En agosto de 2024 incluso reclamaba que las denuncias presentadas contra “Alito” y su hermano llevaban años sin resultados.
Ahora, sin embargo, las acusaciones que durante mucho tiempo fueron parte de la guerra política entre ambos están produciendo detenciones y expedientes penales. Eso no demuestra que Sansores haya ordenado una persecución ni que las acusaciones contra Moreno estén probadas. Pero sí significa que el antiguo pleito está entrando en una etapa distinta: la de los tribunales.
Otro problema en puerta para el político del PRI es el desafuero. Moreno es senador y, por tanto, conserva inmunidad procesal. La solicitud que hoy está bajo análisis no es la misma que terminó archivándose en 2025.
La Fiscalía de Campeche presentó en julio de ese año una nueva solicitud por presunto peculado y la Sección Instructora informó que el expediente incluye cinco carpetas de investigación. El proceso se reactivó en 2026 y Morena volvió a exigir esta semana que avance.
¿Puede perder el fuero? Sí. ¿Es inevitable? No. La declaración de procedencia corresponde exclusivamente a la Cámara de Diputados y requiere mayoría absoluta de los presentes. La Cámara no determina si Moreno es culpable: decide si existen condiciones para retirar la inmunidad procesal y permitir que enfrente un proceso penal. Pero las condiciones políticas son hoy distintas a las de 2022. Aquella vez el equilibrio dentro de la Sección Instructora impidió el avance; ahora Morena y sus aliados tienen una posición mayoritaria en ese órgano.
Eso hace que el escenario más interesante no sea necesariamente la detención inmediata de “Alito”, sino la posibilidad de que el proceso avance hasta colocar al dirigente del PRI frente a una decisión que podría cambiar su posición política.
Si la Sección Instructora encuentra elementos suficientes y el pleno de San Lázaro aprueba la declaración de procedencia, Moreno quedaría separado de su cargo y a disposición de las autoridades judiciales. Si la Cámara lo rechaza, el proceso penal quedaría suspendido mientras conserve el fuero, aunque podría retomarse cuando termine su mandato.
El desafío para el gobierno de Campeche y para Morena será demostrar que no se trata de una vendetta; el reto para Moreno será demostrar que las acusaciones no describen una red de corrupción construida durante su gobierno. “Alito” todavía tiene el beneficio de la duda.
¿Para qué sirve la licencia de conducir?
En 2025, el Gobierno de la Ciudad de México reactivó el programa de la licencia de conducir permanente, una alternativa que existió hace 20 años, durante la administración de Marcelo Ebrard como jefe de Gobierno.
Desde el inicio se habló de que el trámite sería por tiempo limitado, lo que llevó a que se habilitaran lugares amplios para la atención al público, con largas filas, generando ingresos a las arcas capitalinas de 1,500 pesos por licencia tramitada, con más de 2 millones de licencias permanentes al segundo trimestre del año, es decir, más de 3 mil millones de pesos recaudados.
Incuestionable que se trata de una medida que aporta significativamente a las finanzas capitalinas. Lo que está en duda es qué tanto aporta a la seguridad vial de los capitalinos, y no precisamente por los recursos que se destinan a ello.
Contrario a otros países y ciudades donde la licencia para conducir se otorga luego de cursos, exámenes teóricos y prácticos, en la Ciudad de México -y probablemente en todo el país- solo en el caso de quienes sacan la licencia por primera vez se les realiza un examen sobre seguridad vial, señalización y normas de tránsito.
El examen práctico no existe desde hace 40 años. Si es que la tienen, la educación vial de los conductores es casi autodidacta -si es que existe-, con lagunas e ideas erróneas, y eso se refleja en los accidentes viales, así como en la vida cotidiana: exceso de velocidad, autos y motos que se pasan el alto, motos que circulan entre carriles con vehículos en movimiento, invasión de paso de cebra, y un amplio etcétera.
De acuerdo al Reporte Trimestral de Hechos de Tránsito de la Secretaría de Movilidad de la CDMX, en el primer trimestre de 2026, se contabilizaron 18,319 incidentes viales ingresados al C5, registrándose 111 personas fallecidas, de las cuales 45.9% fueron motociclistas y 27% peatones.
Cinco de cada diez perdieron la vida a causa de choques, mientras que dos de cada diez fallecieron como consecuencia de atropellamientos o derrapes. 38% de los motociclistas fallecidos lo fueron sin otro vehículo involucrado, y el 40% de los peatones muertos fue en hechos de tránsito con vehículos livianos y 27% con vehículos carga. Sin entrar en detalles, de lesionados, en el mismo periodo fueron 7,546, 49.4% de ellos motociclistas y 19.1% pasajeros.
No es el único factor, pero hablamos de una falta de cultura vial que lleva a pensar que es mejor buscar una ruta para evitar los alcoholímetros, cortar camino de manera riesgosa, invadir carriles confinados o insultar a policías por tomar medidas para reducir la velocidad de los vehículos los sábados por la noche, cuando casi una cuarta parte de los accidentes fatales se registran en ese periodo. Todo ello se extiende a las carreteras de manera más riesgosa.
Habría que replantear el trámite de una licencia cuyo principal motivo está en lo recaudatorio que en avalar que, quien la detenta, efectivamente sabe conducir tanto en lo práctico como el lo teórico, con sanciones severas a quién incumpla el reglamento. Se trataría de una elemental política de prevención, en lugar de entregar licencias de manera casi indiscriminada.
Cuando el talento pesa más que el título
Durante años, el título universitario se ha considerado una de las principales puertas de entrada al mercado laboral, sin embargo, la transformación de las industrias y la aparición de nuevas formas de trabajo están demostrando que no existe una sola ruta para construir una trayectoria profesional. En México, cada vez hay más puestos donde la experiencia, las habilidades prácticas y la capacidad de aprender pueden pesar tanto como la formación académica.
En este contexto, Computrabajo, el sitio líder de empleo en Latinoamérica, identifica oportunidades laborales para personas que no cuentan con estudios universitarios, pero que pueden demostrar competencias relevantes para las empresas. Ventas, logística, manufactura, atención al cliente, mantenimiento y áreas digitales son algunos de los campos donde habilidades como la negociación, resolución de problemas, adaptación tecnológica y orientación a resultados pueden abrir oportunidades de crecimiento.
La diversidad de puestos es amplia: desde ejecutivos de ventas, choferes repartidores y promotores, hasta técnicos en mantenimiento, operadores de producción, montacarguistas y cajeros. A ellos se suman perfiles vinculados con la transformación digital, como asistentes virtuales, especialistas en telemarketing y community managers, donde el dominio de aplicaciones, plataformas digitales y la experiencia práctica pueden ser determinantes para acceder a una vacante.
Para las empresas, este escenario también representa una oportunidad para ampliar sus fuentes de talento y dejar atrás filtros que podrían descartar perfiles valiosos antes de conocer sus verdaderas capacidades. Evaluar competencias, experiencia y potencial de aprendizaje permite construir procesos de selección más enfocados en lo que una persona puede aportar que únicamente en los títulos que aparecen en su currículum.
El mercado laboral está evolucionando y con él también debe hacerlo la idea de qué significa estar preparado para un empleo. La educación universitaria seguirá siendo fundamental para muchas profesiones, pero no debe convertirse en la única medida del talento.
Reconocer las habilidades demostrables y la experiencia abre la puerta a más personas y, al mismo tiempo, permite a las organizaciones encontrar capacidades que quizá permanecían fuera de su radar.
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