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En el complejo ecosistema financiero de México, la confianza es un cristal delicado. Durante años, el ahorrador promedio vivió bajo la premisa de que su patrimonio, fruto del esfuerzo lícito, estaba resguardado por un principio básico de seguridad jurídica: nadie podía tocar su dinero sin la intervención de un juez. Esa certeza acaba de desmoronarse.
La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), emitida este abril de 2026, ha marcado un antes y un después.
Al validar que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) pueda congelar cuentas bancarias por investigaciones estrictamente nacionales y sin necesidad de una orden judicial previa, se ha otorgado al Ejecutivo un “interruptor” con un poder sin precedentes sobre la propiedad privada.
El argumento de la autoridad es seductor: la rapidez es vital para combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. En un mundo de transferencias instantáneas, esperar a que un juez firme una orden puede significar que los recursos desaparezcan en segundos.
Nadie cuestiona la necesidad de perseguir el crimen organizado. Pero un Estado de derecho no se fortalece debilitando las garantías individuales; se fortalece haciendo que la justicia sea eficiente sin dejar de ser justa.
Hoy, el sentimiento generalizado en las ventanillas bancarias es de vulnerabilidad. El mensaje que se ha enviado es que el ahorro es un privilegio condicionado a la voluntad administrativa, y no un derecho protegido por la Constitución.
Hay que añadir una dimensión que preocupa profundamente a los analistas financieros: el retroceso en la inclusión financiera. Mientras el gobierno busca fiscalizar cada peso, estas medidas están provocando un cortocircuito en la estrategia de bancarización que ha tomado décadas construir.
El fortalecimiento de las facultades de la UIF actúa como un repelente natural para el comercio informal. Por años, el Banco de México y las instituciones de crédito han invertido millones en campañas para convencer a los comerciantes de que “estar en el banco” es sinónimo de crecimiento y seguridad.
Sin embargo, el miedo al bloqueo administrativo está logrando lo opuesto: la desbancarización preventiva.
Irónicamente, la herramienta diseñada para “limpiar” el sistema financiero podría terminar vaciándolo. El comercio informal, que representa una parte sustancial del PIB en México, ve hoy en la cuenta bancaria una vulnerabilidad en lugar de una herramienta de progreso.
Si el costo de entrar a la formalidad es entregar el control total de su patrimonio a un algoritmo de la UIF sin mediación judicial, el comerciante optará por la sombra.
Ticketmaster: la sociedad del espectáculo
Durante años, ir a un concierto se ha ido volviendo más caro y cada vez más difícil de explicar. Las quejas, sin embargo, no han logrado suficiente presión para sancionar los abusos: que si los precios son exageradamente altos, que si las filas virtuales, que si los cargos extra.
El fallo de un jurado el miércoles pasado contra Live Nation Entertainment y su plataforma Ticketmaster en Estados Unidos naturalmente eleva la discusión a un problema que va más allá de los precios para enfocarse en el control del mercado.
Hoy una misma empresa puede organizar la gira, manejar al artista, operar el recinto y vender los boletos. Todo. Cuando eso pasa, la competencia simplemente desaparece y no hay mucho que hacer al respecto.
Los números ayudan a dimensionarlo. En la Unión Americana, Ticketmaster concentra entre el 80% y el 85% del mercado de venta primaria en conciertos grandes. Live Nation, por su lado, organiza miles de eventos cada año y tiene relación directa con una enorme red de recintos.
En el juicio surgieron cosas que ya se intuían: acuerdos de exclusividad, presión a venues (los espacios físicos en donde se presentan los espectáculos), que intentaban trabajar con otras plataformas y un efecto directo en el precio final. Se habló incluso de sobreprecios de 1.5 a 2 dólares por boleto. Poco en apariencia. Mucho cuando se multiplica por millones.
No es algo nuevo. En 2022, para la gira de Taylor Swift colapsó Ticketmaster. Millones de personas se quedaron fuera. Hubo enojo, presión política, audiencias en el Congreso. Pero más allá del escándalo quedó al desnudo que el sistema no tenía margen de maniobra. Cuando falla, falla para todos.
Por eso se han normalizado precios que cambian sin explicación clara, cargos que aparecen al final, preventas que parecen hechas para dejar fuera a la mayoría. No es casualidad. Es un esquema diseñado para esquilmar a quien busca un momento de esparcimiento.
Durante años se defendió este modelo como eficiente. En la práctica, concentró el control. El jurado de Nueva York lo dijo sin tapujos: hubo comportamiento monopólico y eso tiene un costo. Falta conocer el castigo, pero ya se abrió una puerta que antes parecía de hierro: grandes multas, cambios obligados e incluso separar Ticketmaster de Live Nation.
En México el mercado funciona de manera muy parecida. El nombre clave es OCESA, que durante décadas ha dominado la promoción de conciertos y hoy forma parte del mismo ecosistema de Live Nation. Los grandes venues –el Foro Sol, el Palacio de los Deportes, el Auditorio Nacional– se mueven, en buena medida, dentro de este circuito. Y se nota.
En nuestro país no hizo falta un escándalo como el de Taylor Swift para ver las cuarteaduras. Ha pasado con conciertos de K-Pop: ventas que se agotan en minutos, plataformas saturadas, fans peleando por boletos en condiciones desiguales. A primera vista parece euforia. Pero no: es un sistema sin alternativas.
La Procuraduría Federal del Consumidor ha intervenido en distintas ocasiones: reembolsos, quejas, presión para transparentar cargos. Sirve, pero hasta cierto límite. Puede corregir abusos puntuales, no cambiar el fondo. Para eso está la Comisión Federal de Competencia Económica, que tendría que entrar a revisar el mercado completo: exclusividades, concentración, barreras de entrada. Y ese paso, hasta ahora, no termina de darse.
Mientras tanto, el público ya se adaptó a estos “novedosos” usos y costumbres. A pagar más. A esperar. A perder. A volver a intentar. A conseguir tarjetas de bancos beneficiarios de preventas. Como si fuera parte de un ritual.
Bajo estas condiciones el libre albedrío desaparece frente a un único proveedor; nos transformamos en parte de otro show en donde artistas y espectadores nos convertimos en un circo de marionetas: alguien más mueve los hilos.
Urge dictaminación jurídica y digitalización obligatorias
Comprar una vivienda es una de las decisiones más importantes para muchas familias, pero también una de las más vulnerables financieramente hablando. La Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) estima que los fraudes inmobiliarios generan pérdidas anuales cercanas a 600 millones de pesos a las víctimas del delito.
Esto implica procesos penales y civiles costosos y largos para los involucrados y para las propias autoridades, hechos que se podrían prevenir con una dictaminación jurídica, el cual consiste en el proceso que valida toda la documentación de un inmueble para conocer su estado, es decir, que quien vende es realmente el dueño del inmueble, que no exista un trámite sucesorio pendiente ni un crédito hipotecario vigente ni adeudos, y verifica si existe una copropiedad.
De existir algún pendiente legal, es identificado y se pueden analizar las opciones para resolverlo, así saber si se sigue adelante o no con el proceso de compraventa. La dictaminación jurídica solo la puede realizar un notario.
Más allá del cuidado que los ciudadanos debamos tener como compradores y vendedores, y en beneficio de todos, las autoridades de gobierno deben agilizar la digitalización de los Registros Públicos de la Propiedad y establecer la obligatoriedad de realizar una dictaminación jurídica antes de iniciar un proceso de compraventa para favorecer la seguridad jurídica de estas transacciones.
La obligatoriedad de contar con la dictaminación jurídica reduciría drásticamente los fraudes inmobiliarios, así como procesos judiciales que representan una carga para los involucrados y para las propias autoridades.
Actualmente, además de poder recurrir directamente ante un notario, existen opciones como Kallify, la primera Proptech Legaltech, en la cual cualquier comprador o vendedor puede verificar el estatus jurídico o registral de un inmueble, elegir al notario con quien quiere trabajar y recibir una dictaminación jurídica formal sin intermediarios ni procesos inciertos, totalmente en forma digital.
Cigarros ilícitos: una razón más para dejar de fumar
Casi uno de cada tres cigarros que se consumen en 11 países de América -Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México y Panamá-, proviene del comercio ilegal, de acuerdo a un estudio realizado por Phillip Morris International y KPMG, que refiere que 2025 en la región se consumieron 77 mil millones de cigarros ilícitos, lo que representa 31.9% del consumo total y que, comparativamente, a nivel mundial, el grupo de países analizados tiene la tasa más alta de consumo de cigarros ilícitos, arriba del promedio global de 15%.
En el caso de México, el año pasado se consumieron 9 mil 190 millones de cigarros ilícitos de un total de 39 mil 370 millones, es decir, 23.3%, aproximadamente 2 de cada 10. El mayor mercado ilícito se encontró en Brasil, donde el 54% de 41 mil 800 millones de cigarros consumidos tuvieron origen ilegal.
Sin perder de vista que el estudio es patrocinado por la mayor tabacalera del mundo, señala como causa principal de este consumo de cigarros ilegales, las regulaciones extremas y aumentos fiscales, los cuales fomentan que los consumidores busquen productos más económicos en el mercado negro. El estudio estima la pérdida fiscal el año pasado de los países de la región analizados en 8 mil 500 millones de dólares.
No es secreto que, en todo el mundo, alcohol, tabaco y, en casos como México, bebidas azucaradas, son objeto de altos gravámenes argumentándose el daño a la salud que provoca su consumo, lo cual es inobjetable y políticamente correcto, pero también por ser productos que, sin ser de primera necesidad, tienen consumidores regulares, sea por adicción o costumbre, y que son una fuente de ingresos imprescindible para las arcas.
El problema principal no es solo las pérdidas fiscales, sino el contrabando de mercancía que implica la operación de organizaciones criminales casi siempre vinculadas a otras actividades ilícitas, entre ellas, seguro, corrupción de autoridades, porque esos cigarros no entran al país por Internet.
Finalmente, probablemente lo menos importante para los fumadores, se trata de productos que no pasan por controles de calidad o sanitarios, encontrándose cigarros elaborados con muchas sustancias, menos tabaco, lo cual parece ser irrelevante para muchos consumidores a los que no se les puede argumentar que es dañino para su salud ¿Más o menos que el tabaco o un cigarro industrializado?
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