Dice que la forma es fondo y la inminente salida de Luisa María Alcalde de la presidencia nacional de Morena para ocupar la Consejería Jurídica de la Presidencia, responde de forma directa a esta máxima política.
La gestión de Alcalde al frente del partido mayoritario ha enfrentado el desgaste natural al intentar cohesionar un movimiento que extraña la verticalidad operativa de su fundador y donde el marcaje mediático hacia su hijo ha desgastado y contaminado al instituto político y a su dirigencia.
En este contexto, el enroque se perfila más como un castigo matizado de rescate estratégico. Llevar a Alcalde a la Consejería Jurídica le resuelve dos problemas simultáneos a la presidenta Sheinbaum: releva un liderazgo partidista fuertemente cuestionado por las bases (abriendo la puerta a perfiles como Ariadna Montiel para intentar pacificar el partido y operar electoralmente) y, al mismo tiempo, arropa a una figura emblemática del obradorismo, sin humillarla políticamente.
El segundo y más complejo desafío es el de la autonomía ¿Cómo puede Claudia Sheinbaum alejarse de la paternidad política de Andrés Manuel López Obrador cuando figuras clave como Marcelo Ebrard, Mario Delgado y otros perfiles heredados siguen dominando espacios críticos de poder?
La “desobradorización” de la administración de Sheinbaum no sucederá mediante rupturas estridentes, las cuales pondrían en riesgo la gobernabilidad, sino a través de una reasignación calculada del poder.
Políticamente se hace énfasis en la construcción de cuadros leales. Apuntalar a figuras de su círculo primigenio, como la propia Esthela Damián en Guerrero o el peso que mantiene Omar García Harfuch para ir ganando el territorio que hoy controlan las bases fundacionales de Morena.
Al final, consolidar un liderazgo propio no requiere necesariamente la purga de los operadores del expresidente, sino lograr que esas imposiciones terminen trabajando, por inercia o por control, estrictamente para el proyecto de la actual presidenta.
Por cierto, quién le haya dicho a Marcelo Ebrard que él está llevando las negociaciones con Trump o con su equipo en Estados Unidos, le mintió. En Washington se sabe de sobra que la persona que “respeta” el equipo de negociación es el subsecretario de Comercio Exterior, Luis Rosendo Gutiérrez Romano. Ebrard es la broma de los dos equipos en cuestión.
INE: la erosión del árbitro electoral
Fue un esfuerzo de muchas décadas. La construcción de un árbitro electoral confiable fue uno de los pocos consensos reales entre fuerzas políticas enfrentadas. El Instituto Nacional Electoral no nació perfecto, pero sí nació de algo fundamental: la desconfianza compartida. Nadie se fiaba de nadie, así que todos aceptaron un mediador lo suficientemente autónomo como para perder elecciones sin poner en riesgo todo el sistema. Hoy, lamentablemente, el árbitro deja de ser punto de encuentro y empieza a ser parte del conflicto.
La designación de nuevos consejeros (Blanca Yassahara, Frida Denisse Gómez y Arturo Manuel Chávez) no rompe por sí misma al INE, pero sí marca un cambio en la lógica que lo ha sostenido. Hasta ahora, el proceso de nombramiento –con todas sus simulaciones y cuotas– buscaba al menos un punto de coincidencia entre oficialismo y oposición. Esta vez no ocurrió. La mayoría legislativa decidió avanzar por su cuenta ¿Legal? Sí, pero en política lo legal no siempre se conecta con lo ético y ahí la legitimidad empieza a difuminarse.
Sin caer en el reduccionismo, no estamos frente a un órgano capturado de manera automática ni ante el fin inmediato de la democracia electoral. El INE sigue operando bajo reglas claras, con procedimientos establecidos y bajo la vigilancia final del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación: el problema es más sutil: está en los incentivos. Donde antes había presión para construir acuerdos más amplios, ahora puede haber espacio para decisiones más cerradas, más divididas, más políticas. Y eso, en ciertos momentos, puede hacer la diferencia.
En una elección con márgenes amplios, el INE es prácticamente invisible. Pero en una contienda cerrada, cada voto dentro del Consejo General pesa. Seis votos pueden definir una sanción, validar una decisión controvertida o inclinar el sentido de una resolución. Un árbitro cuestionado no necesita errores para generar un conflicto, basta con que sus determinaciones sean percibidas como parciales.
Rumbo a las elecciones de 2027, ese es el escenario que debe observarse con mayor atención. Desde ahora se perfila como una elección competida, polarizada y judicializada. En ese contexto, la imparcialidad del INE deberá ser fundamental: un árbitro confiable para todos, no solo para algunos.
En un país como el nuestro, la democracia no se romperá de un solo golpe; se irá desgastando. No habrá un momento único de quiebre, sino una acumulación de decisiones que irán erosionando la confianza. La designación de consejeros afines al partido oficial no definirá por sí sola el futuro electoral del país, pero sí se inserta en una tendencia que vale la pena seguir con cuidado.
Volver al pasado sería lo peor que nos podría ocurrir. Nadar contra corriente con los pies atados no puede ser una opción. La ciudadanía tendrá la última palabra.
La CIA descubierta en Chihuahua por un accidente
La madrugada del domingo, un auto se desbarrancó en una carretera de la Sierra Tarahumara. En el accidente automovilístico fallecieron el titular de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de Chihuahua, un agente de la misma que conducía el vehículo, y dos “instructores” estadounidenses, quienes venían de regreso de un operativo en el que se aseguraron unos narcolaboratorios en el municipio de Morelos. Significativo fue que el primero en lamentar la “pérdida de dos miembros del personal de la Embajada de los Estados Unidos” y de los elementos de la AEI, fue el embajador Don Johnson, quien remató expresando el compromiso compartido con la seguridad y la justicia.
Al día siguiente, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que su gobierno no tenía conocimiento de la colaboración del estado de Chihuahua con agentes de EEUU, por lo que solicitaría información al gobierno estatal. Por su parte, y con mucho tacto, el fiscalía General de Chihuahua, César Jáuregui, aseguró que “la gente norteamericana” no participó en los operativos, que los agentes ministeriales les dieron “ride”. Entre que eran “instructores”, “personal de la Embajada” o simples “norteamericanos”, el martes el Washington Post reveló que eran agentes de la CIA. Finalmente, la gobernadora Maru Campos pidió una reunión con la presidenta para hablar del tema, y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) envió un extrañamiento al embajador Johnson.
Durante el sexenio de Felipe Calderón hubo una intensa colaboración entre autoridades mexicanas y estadounidenses que implicaron incluso exámenes de polígrafo para las primeras en la embajada estadounidense, así como al parecer sí hubo presencia de agentes de la DEA en operativos de alto impacto. Lo que también hubo fue acuerdos de dependencias del país vecino con autoridades estatales y municipales, muchas de ellas sin conocimiento del gobierno federal.
Con estos antecedentes, podría no ser novedad lo de Chihuahua, así como se ha hecho pública las capacitaciones ofrecidas por instancias estadounidenses a otros estados fronterizos como Sonora y Baja California. Sin embargo, desde el sexenio pasado, y a raíz de la detención del General Salvador Cienfuegos orquestada por la DEA, se endureció la Ley de Seguridad Nacional en cuanto a la cooperación con gobiernos extranjeros, obligándose a las embajadas a informar de actividades que realicen ante autoridades federales, estatales y municipales, así como abstenerse de realizar gestiones directas ante autoridades que no sean la SRE o de las dependencias con las que tengan convenios de colaboración.
Por su parte, los servidores públicos de todos los niveles y órdenes de gobierno, están obligados a pedir autorización e informar por escrito a las secretarías de Relaciones Exteriores y de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), de cualquier reunión, intercambio de información, o comunicación que sostengan con agentes extranjeros; además de que las reuniones con éstos deben ser autorizadas con anterioridad por el Grupo de Alto Nivel de Seguridad y contar con la presencia de un representante de la SRE.
Por lo visto, nada de esto sucedió, ninguna de las partes hicieron lo que les correspondía, y nadie se hubiera enterado, si no fuera porque ocurrió el accidente, el cual sirvió para poner al gobierno panista en posición vulnerable, pues la omisión podría llevar al fiscal estatal a enfrentar sanciones administrativas y hasta penales. En ese sentido, no extraña que el reclamo público de la presidenta Sheinbaum se haya dirigido al gobierno de Chihuahua y no al embajador Don Johnson, ex funcionario de la CIA por cierto, a quien apenas se le toca con el pétalo de un extrañamiento.
Queda la duda de cuántos estados más, y hasta municipios, tendrán la colaboración de estos “instructores” estadounidenses sin que el gobierno federal haya sido informado por ninguna de las partes, además de quedar en evidencia de que SRE y SSyPC probablemente solo dependen de la buena voluntad de los involucrados para enterarse de lo que acuerdan.
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