Patricia Arroyo
Economista y Especialista en Salud Digital, EMA Salud.
parroyo@emasalud.mx
“Por primera vez coinciden en México marco legal, urgencia social y apetito de inversión para mejorar los servicios de salud a través de la tecnología. El reto deja de ser normativo y se vuelve estratégico”.
La reforma a la Ley General de Salud que entró en vigor en enero de 2026 reconoció a la salud digital como asunto de salubridad general y volvió obligatorios el expediente clínico electrónico, la telemedicina, entre otros. El paso es histórico, pero también incompleto: una norma habilita el terreno, no garantiza que algo florezca en él. Actualmente, el reto del sector salud se resume en una sola pregunta: ¿cómo convertir la tecnología en una transformación real, capaz de resolver los retos clínicos, sanear las finanzas y poner la experiencia del paciente en el centro?
La oportunidad de fondo es que tres fuerzas que rara vez se encuentran, están hoy alineadas. Una población que necesita atenderse al menor costo y con los mejores resultados posibles; una industria de innovación en plena expansión que busca espacio comercial para resolver las viejas ineficiencias del sistema; y, ahora, un respaldo legal que legitima el movimiento. Esa coincidencia, sin embargo, no se traduce sola en inversión ni en mejores servicios.
Convertir el marco legal en resultados exige decisiones concretas en cuatro frentes. El primero es la planeación pública. Antes de invertir conviene generar un Plan Nacional de Salud Digital, que confronte las necesidades en atención a la salud de los mexicanos con la oferta tecnológica disponible; identificando dónde falta capacidad real y cuáles son las prioridades sociales, tanto en los servicios públicos y privados. Sin ese diagnóstico y ruta de acción, el gasto persigue modas en lugar de resultados y el retorno social se diluye.
El segundo frente es el de los incentivos. Exigir digitalización sin fomentar la inversión expulsa del juego a clínicas, hospitales y farmacias que sobreviven con márgenes estrechos. Estímulos fiscales, crédito accesible y reglas estables son las palancas que pueden destrabar el capital en el corto plazo, en lugar de empujarlo a esperar.
El tercero es la confianza, y aquí asoma la grieta más peligrosa. Ninguna plataforma sirve si los datos del paciente quedan desprotegidos o si los sistemas no dialogan entre sí. El problema no es teórico: buena parte de los registros electrónicos de salud que operan en el país incumple la norma oficial NOM-024-SSA3-2012 misma que regula los Sistemas de Información de Registro Electrónico para la Salud. Este hecho multiplica los riesgos para la seguridad clínica y para la información personal de millones de mexicanos; además de impedir la estandarización en el intercambio de información.
Certificar con rigor ciberseguridad, interoperabilidad y efectividad tecnológica es la condición mínima necesaria para que el paciente, y no la tecnología, ocupe el centro del sistema.
El cuarto frente es la colaboración. El Estado pone sobre la mesa rectoría y escala; el mercado de la innovación, capacidad técnica y rapidez de adaptación. Trabajar por separado no es una postura ideológica defendible, sino una forma segura de perder tiempo que el sistema de salud mexicano ya no tiene.
La conclusión es tan esperanzadora como exigente. México tiene, por una sola vez, ley, mercado y urgencia social empujando en la misma dirección. Esa rendija no permanecerá abierta de manera indefinida: si la planeación, los incentivos, la regulación y la alianza público-privada no se activan ahora, la reforma envejecerá como una buena intención archivada.
Porque al final del cálculo no hay un balance corporativo en juego, sino algo más crudo: cada mes de inacción se cobra en el bolsillo y la salud de millones de mexicanos que siguen pagando de más por una atención que la tecnología ya podría volver más accesible, segura y oportuna. La década que viene dirá si México cruzó la puerta o se quedó mirándola.
